El derecho al olvido

El derecho al olvido es un derecho creado a partir de la aparición de internet y más concretamente de sus motores de búsqueda. Introduciendo las palabras que queremos buscar en el mundo digital, éstos recopilarán todas las páginas donde aparezcan los términos y nos ofrecerán un listado con los resultados. En estos buscadores se puede escribir de todo, desde números o palabras sueltas, hasta nombres personales. De ahí el problema.

Es este el problema. Al buscar un nombre en internet aparecen todas las páginas en donde aparezcan. Así, en los resultados de búsqueda pueden aparecer los perfiles de redes sociales, noticias, páginas personales o blog. Pero también aparecerán sentencias, multas o información financiera o fiscal. Esto pasa porque las instituciones públicas, de no localizar a una persona, publica un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, más conocido como “BOE”. Y al estar digitalizado, también es internet. De ahí, pasa a los buscadores.

Esto fue lo que les pasó a dos personas de las que no se sabe el nombre. En 2015, llegaron hasta el Tribunal Supremo para que en los motores de búsqueda no aparecieran determinados resultados.

Estas dos personas habían sido condenadas en los años ochenta por tráfico y consumo de drogas pero, veinte años después, habían rehecho su vida personal, familiar y profesional. Hartos de que lo primero que aparecía en internet al buscar sus nombres fueran las noticias del error que cometieron, acudieron al poder judicial. Y este les dio la razón.

El problema que señalan desde el poder judicial a través de nota de prensa, este derecho “no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, impidiendo la difusión de informaciones sobre hechos que no se considere positivos, ni justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su medida”.

En parte por ello este mismo tribunal denegó el este derecho a un hombre absuelto por un doble asesinato dos años más tarde, en 2017. En esta ocasión, el absuelto acudió hasta el supremo para eliminar una fotografía en la que aparecía durante la celebración del juicio y que el periódico que la publicó le indemnizara con 122.000€. En este caso, el derecho al olvido chocaba frontalmente contra el derecho a la información, que acabó ganando.

Pero existen otras limitaciones al “derecho al olvido”, como por ejemplo la consideración de la persona implicada como personaje público. En este caso, el alto tribunal acaba de fulminar la petición de uno de las personas que aparecen en la llamada “lista Falciani”, una sucesión de más de 120.000 nombres de individuos con cuentas en una sucursal suiza del banco británico HSBC. Estas cuentas estaban creadas, supuestamente, para evadir impuestos en sus países originarios.

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