Los delitos contra los derechos de los trabajadores

La responsabilidad penal de la persona jurídica ante delitos contra los derechos de los trabajadores era uno de los debates abiertos hasta el pasado 23 de febrero de 2017, fecha en la que el tribunal supremo dictó sentencia para zanjar el debate en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica del artículo 31.bis del Código Penal.

En dicha sentencia, el condenado como autor responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores por la Audiencia Provincial de Pontevedra interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, amparado por el art.852.3 de la LEC por quebranto de forma.

Concretamente se alegó que la sentencia no resuelve nada sobre la circunstancia de que la persona jurídica no haya sido acusada como entidad obligada a cursar el alta de las personas consideradas trabajadoras, los hechos y la responsabilidad por tal omisión, poniendo de relieve que fue a la persona jurídica, y no al recurrente como administrador de la misma, a la que sancionó la inspección de trabajo por falta de alta de las trabajadoras.

El tribunal sentenció que la personalidad jurídica no puede ser acusada por este delito a tenor del art. 31.bis del CP, ya que el art. 318 no se remite al art. 31.bis, si no que permite la atribución de la pena en tales casos a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlos, no hubieren adoptado medidas para ello.

Fuente: ineaf.es

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